El exdirector de Urbanismo pide 25.000 € por calumnias a cuatro vecinos de Villanueva de Gállego

Julio Tejedor acusa al exalcalde Marcelino Artieda y 3 afines al CDL por insinuar que logró un chalé más barato por desbloquear el PGOU

El que fuera alcalde de Villanueva de Gállego por el PSOE Marcelino Artieda y tres vecinos del municipio vinculados al Centro Democrático Liberal (CDL) se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por un delito de calumnias. Quien se querelló contra ellos fue el exdirector general de Urbanismo de la DGA Julio Tejedor, quien les exige 25.000 euros de indemnización por insinuar que pudo cometer delitos de cohecho y tráfico de influencias al desbloquear la revisión del PGOU de la localidad a cambio de un supuesto soborno. Según el exalto cargo, eso es lo que se infiere de la denuncia que estas cuatro personas presentaron en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y que luego colgaron en la página web del CDL de Villanueva de Gállego.

Como recordó Tejedor durante el juicio, la mencionada denuncia se publicitó a través de internet el 20 de mayo de 2011, dos días antes de las elecciones municipales y continuó colgada hasta septiembre de ese mismo año, pese a que la Fiscalía Anticorrupción ya había decidido archivarla con anterioridad. A través de la misma, los denunciantes afirmaban que coincidiendo con la llegada de Julio Tejedor a la dirección general de Urbanismo de la DGA se desbloqueó un ambicioso plan para levantar casi dos mil viviendas y un campo de golf en Villanueva de Gállego. Decían también que "curiosa y coincidentemente", el exalto cargo del Gobierno aragonés -que también fue director general de Vivienda y Rehabilitación, así como asesor del presidente Marcelino Iglesias- fijó su residencia en un chalé construido por una de las constructoras que impulsaba el macroproyecto. Vivienda que los ahora acusados aseguraban que "al parecer (...) fue adquirida, presuntamente, por un valor económico sensiblemente menor del valor del mercado".

Según Julio Tejedor, el exalcalde Marcelino Artieda y los otros tres acusados -Víctor Manuel Sarto Loren, Santos Nogueras París y Manuela Ferreira Gómez- le causaron un enorme daño "personal y profesional", ya que se vio en la obligación de tener que explicar a todo el mundo que las acusaciones vertidas contra él eran "completamente falsas". "Fue una situación inesperada y dolorosa que me causó una gran inquietud y malestar", señaló el exalto cargo de la DGA.

La Fiscalía archivó la denuncia

Tejedor indicó que el mero hecho de que la Fiscalía Anticorrupción archivara la denuncia sin remitirla a los juzgados demuestra hasta qué punto no había ni una sola prueba de tan graves acusaciones. El exdirector general de Urbanismo recordó además que el supuesto soborno del que le acusaban fue "materialmente imposible", ya que la reforma del PGOU que permitió aprobar el macroproyecto de los dos mil chalés salió adelante en 2007 y él compró el suyo en 2003.

El querellante acusa a los cuatro vecinos de Villanueva de Gállego de un delito de calumnias y pide que cada uno de ellos sea condenado a una multa de 6.480 euros. Como perjudicado, solicita también que entre todos le indemnicen con la cantidad de 25.000 euros. A este respecto, exige que se declare responsable civil subsidiario al propio CDL, alegando que fue en su web donde se difundió la denuncia.

Los acusados explicaron ayer que acordaron colgar en internet la mencionada denuncia pero eliminando del escrito cualquier nombre, tanto los suyos -como denunciantes- como los de las personas a las que se pedía a la Fiscalía Anticorrupción que investigara. Sin embargo, no supieron explicar bien por qué terminaron haciendo pública una versión de la denuncia en la que aparecía el nombre de Julio Tejedor.

Marcelino Artieda aclaró ayer que él no estaba vinculado al CDl, ni tenía ningún control sobre la página web del partido. "Nosotros no estábamos imputando ningún delito a nadie, lo que pretendíamos es que la Fiscalía investigara", manifestó el excalde de Villanueva de Gállego, al que asiste la letrada Xenia Cabello. En términos similares se pronunciaron Víctor Manuel Sarto y Manuela Ferreira, a los que defiende la misma abogada. En cuanto a Santos Nogueras, al que representa Virginia Virgo, reconoció que fue él quien subió la denuncia a internet en un contexto electoral y con el ánimo de denunciar una situación que debían conocer los vecinos. Para los cuatro se pide la absolución.

La Fiscalía prefirió no personarse como acusación argumentando que cuando se publicó la denuncia el querellante no era funcionario público y por tanto no se le podía imputar el delito de cohecho que según Tejedor le atribuyen los acusados.

M.A. Coloma.

Fuente: Página 14 de la edición impresa del Heraldo de Aragón del sábado, 8/11/14.